¿De qué sirve juzgar a Raúl Castro?
Esta semana, el departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos contra el expresidente cubano Raúl Castro por el derribo de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate en 1996. El líder cubano, de 94 años, fue acusado formalmente de siete cargos: uno por conspiración, cuatro cargos por homicidio y dos por destruir aeronaves. El lugar elegido para el anuncio no es casual. El fiscal general interino Todd Blanche se trasladó a Florida donde encabezó una ceremonia solemne en la Freedom Tower de Miami, la emblemática Torre de la Libertad, y contó con la presencia de altos cargo del FBI y otros responsables de la Justicia como la fiscal general de Florida. Este anuncio hay que entenderlo en el marco de la campaña de «máxima presión» que el gobierno del presidente Donald Trump está impulsando para lograr un cambio de régimen en la isla, pero tiene más tintes publicitarios que reales en su objetivo democratizador.
El anuncio fue muy aplaudido por la comunidad cubanoamericana residente en el sur de Florida, un estado que fue clave para cualquier aspirante a presidente en las últimas décadas –lo ganó Clinton en 1996, Bush en sus dos presidencias y Obama en las siguientes–, pero desde 2016 se ha consolidado como un estado republicano. Aun así, Trump –que es residente fiscal en Florida– sabe que ese voto cubano hay que mantenerlo movilizado. La decisión reanimó la causa contra el régimen que tiene más de 65 años.
Paradójicamente, en La Habana, el anuncio fue utilizado por el régimen como una oportunidad de cambiar el foco de la actualidad y aprovecharlo para llamar a la unidad, apoyar a Raúl Castro y enfrentar lo que describen como una «narrativa fraudulenta para justificar la agresión reforzada contra el pueblo cubano» por parte del «imperialismo» estadounidense.
Cuba vive hoy una situación dramática. Según datos recogidos esta semana por el semanario The Economist, la crisis es muy profunda. La producción de alimentos se ha desplomado; el país importa aproximadamente el 70 % de sus alimentos. Los ingresos por turismo –la única gran actividad económica de la isla– están amenazados por la cautela de las empresas extrajeras en aceptar pedidos o invertir por el contexto que se vive. El país sufre apagones de 22 horas por su infraestructura deteriorada y la falta de diésel para las plantas eléctricas. La economía, según los expertos, podría contraerse este año un 15 %. Y la represión no cesa: Cuba tiene hoy un récord de 1.260 presos políticos. ¿Cómo suman los cargos contra Raúl Castro en el objetivo de democratizar la isla?
No hay duda de que Cuba para Estados Unidos es, como mínimo, un motivo de preocupación, sino –como lo describe Washington– un riesgo para su seguridad nacional. Es un Estado fallido, sus líderes han alimentado conexiones con rivales estadounidenses como China, Rusia o Irán, y la falta de oportunidades alimenta el flujo de migrantes hacia territorio norteamericano.
El secretario de Estado, Marco Rubio, anunció esta semana una ayuda de 100 millones de dólares para aliviar la crisis en la isla, pero la condiciona a que sea distribuida por organizaciones humanitarias y la Iglesia Católica. Cuba todavía no ha respondido formalmente. El régimen sabe que la revolución ha sido un fracaso, y que, a pesar de responsabilizar al bloqueo estadounidense, la gestión política de sus gobiernos no ha dado resultados. Muchos se preguntan a dónde van a parar los ingresos por turismo o remesas que la isla recibe anualmente.
Algo parece que podría cambiar en Cuba este año. La situación interna es insostenible y la presión externa ahoga. Pero cualquier cambio deberá llegar por acuerdo con el régimen (Cuba no tiene oposición organizada), un régimen atrapado en el dilema de aceptar –y admitir así su propio fracaso– o rechazarlo y arriesgarse a profundizar la crisis y el sufrimiento. ¿Cómo encajan los cargos contra Castro en el plan de Washington hacia esa transición, si es que lo tienen?