Washington D.C. — Ganó Donald Trump. Su victoria es contundente e inapelable. Toca ahora el análisis y, como periodista, hoy me interesa fijarme en lo que viene para la libertad de prensa y el trabajo de sus profesionales en este país; y me parece que no es bueno por lo que supone para este derecho ciudadano y por el riesgo que tiene que otros copien sus maneras.
Trump llegará a la Casa Blanca no como el desconocido que ganó en 2016. Esos cuatro años nos ofrecen un panorama de lo que podemos esperar en los próximos cuatro, pero agravado por varios factores.
La primera presidencia de Trump fue ciertamente tumultuosa con la prensa libre que denunció sus excesos, sus patanerías o las consecuencias de sus irreflexivas políticas. Más que a cualquier otro presidente. Seguramente con razón, pero ciertamente no le perdonaron ni una, como sí ha pasado con otros mandatarios que también cometieron algunos excesos o impulsaron políticas controvertidas. Ese profundo y constante escrutinio al que lo sometió la prensa ahondó su enemistad y la de su entorno con los medios tradicionales a quienes Trump ha seguido criticando, despreciando o –más preocupante aún– alentando a la violencia en su contra (en uno de sus últimos mítines de campaña llegó a decir que no le “importaría” si alguien tuviera que “disparar” a los periodistas de “las noticias falsas” para llegar a él). Trump los sigue calificando de “enemigos”, y los incluye en ese peligroso concepto de “enemigos internos” a los que abatir.
A diferencia del 2017, cuando asumió el poder, este próximo 20 de enero Trump llegará a la Casa Blanca conociendo mejor el cargo y los resortes del poder, investido por la amplia inmunidad presidencial que le confirió la reciente sentencia del Tribunal Supremo para ejercer el poder y tomar decisiones, estará rodeado de un equipo de entregados fieles (en su primer mandato, Trump aceptó asesores moderados algunos de los cuales tuvieron claro que su compromiso estaba el país y la institución antes de con el líder), y con el control del Congreso y una Corte Suprema que le es afín. Todas estas características marcarán su relación de los medios de muchas maneras.
Trump no va a esconder su animosidad con los periodistas que cubran la Casa Blanca. Limitará el acceso a su discreción no a la tradición, abrirá las puertas a medios minoritarios, sesgados y conservadores que no le cuestionen o le repregunten como debe hacer el periodismo serio. Podría llegar a vetar a periodistas (en su primera presidencia expulsó al reportero de la CNN y, tras el escándalo que se armó, tuvo que volverlo a aceptar), o incluso –como ha prometido en campaña– revocar licencias a cadenas de televisión de medios tan relevantes como la ABC o la NBC.
Opte o no por esas medidas, lo que sí debemos esperar es más opacidad. El trabajo de los periodistas se sustenta sobre las fuentes de información. Muchas de las cosas que supimos de su primera presidencia fueron filtradas y confirmadas por funcionarios que veían con asombro cómo Trump ejercía el poder y, si bien eran republicanos, antes eran patriotas. Ahora sabremos menos porque Trump no quiere patriotas sino fieles cuya prioridad sea protegerle a él y no a la institución.
Los medios se están ya preparando para cubrir la Casa Blanca en los próximos cuatro años. No me extrañaría que algunos editores y propietarios estuvieran felices con el resultado electoral, no por ser una victoria republicana o trumpista sino porque “contra Trump” los medios vivieron mejor entre 2017 y 2020. Sus audiencias se dispararon y con ellas sus ingresos. El periodismo entonces hizo su trabajo de control al poder, y los ciudadanos buscaron en los medios información en medio del caos. Volverá a ocurrir, pero Trump irá a ese pulso con más animosidad y más desacomplejado.
La batalla está a punto de recrudecerse (porque para Trump nunca terminó), y será dura. En juego está el derecho fundamental de la libertad de prensa e información que, no en vano, está consagrada en la primera enmienda de la Constitución estadounidense garantizando a los medios publicar información sin interferencia del gobierno.