El poder político debe respetar más a la prensa
La decisión de Donald Trump de retirar la credencial de prensa de la Casa Blanca a los periodistas de CNN, MSNOW y Politico va más allá de la pelea constante en la que vive el presidente estadounidense con los medios desde que comenzó su carrera política. A pesar de haber sido revertida este pasado jueves por un juez federal, el proceso judicial continúa. El magistrado ordenó restaurar temporalmente el acceso a los comunicadores, pero lo hizo con el argumento de que existían problemas relacionados con el debido proceso. La decisión no resuelve la constitucionalidad de fondo: ¿puede un presidente retirar el acceso oficial a medios que él considere hostiles? Lo que está en juego es cómo se define el acceso de la prensa al poder presidencial, quién controla ese acceso y hasta dónde puede llegar un presidente para castigar una cobertura hostil.
Este último episodio generó una reacción no vista antes de los otros medios de comunicación que forman parte del restringido grupo que sigue al mandatario, medios que normalmente compiten entre ellos. Limitaron sus coberturas para que Trump no tuviera lo que a él más le gusta: ser el centro de la conversación con su imagen en la tele. Es probable que el caso llegue al Tribunal Supremo, cuya decisión pudiera darle la razón como ha hecho en el pasado con el argumento de preservar el «poder presidencial» o –como dice Trump ahora para casi todo lo que quiere que se haga–, por un tema de «seguridad nacional». Veremos.
Desde que anunció su candidatura en 2015, Trump ha demonizado a los periodistas a los que ha calificado de «enemigo del pueblo», ha limitado su acceso a eventos de campaña, los ha insultado o hecho callar en ruedas de prensa, o se ha levantado airado de entrevistas despreciando a quien le preguntaba. Donald Trump hace tiempo que critica a los medios para deslegitimarlos, restringir su acceso y presionarlos utilizando el poder para lograr lo que quiere. Lo hace abiertamente y nos escandaliza, pero esa animosidad con la prensa también se estila otras latitudes con formas más sibilinas o menos evidentes, pero igualmente reprochables, y no hay que ir muy lejos para verlas.
En nuestro país, políticos que ejercen o han ejercido el poder se comportan inspirados en esa misma lógica. Lo hacen cuando escogen periodistas o medios para ser entrevistados, o no acuden ni por asomo a otros –incluidos los medios públicos– porque no les gustan las preguntas; cuando acusan de mentir o de parcialidad a medios que les son críticos; cuando limitan el acceso a periodistas de medios con líneas editoriales que no comulgan con su ideología; cuando recurren a una pantalla para ofrecer ruedas de prensa o no aceptan preguntas después de una declaración; cuando ellos o sus funcionarios encargados de la comunicación institucional o del partido llaman a los medios para amonestarles (por decir lo menos) y criticar decisiones editoriales que deben estar sujetas únicamente al criterio profesional; cuando opinan o tienen la última palabra sobre quién ocupa cargos en las redacciones de medios o a quien se escoge para dirigir programas; cuando –con regulación, retirada de publicidad oficial, procesos judiciales o elaboración de listas– buscan presionar estructuralmente a los medios y sus propietarios para autocensurarlos. Todo esto lo ha hecho Trump en los últimos años, y todo esto ha pasado y pasa también en nuestro país.
En una democracia sana no se puede tolerar la injerencia política en los medios de comunicación. Criticar a la prensa es legítimo. Pedir una rectificación también (los periodistas nos equivocamos). Pero utilizar el poder como instrumento de presión es inaceptable. Trump lo hace bruscamente; otros, de manera más sibilina. Ambas son igualmente repudiables.
La libertad de prensa debe defenderse como un principio fundamental con la misma vara de medir, independientemente de quién gobierne y de qué medio se trate. Si nos indignamos con Donald Trump y sus prácticas, no dejemos de indignarnos con quienes también las practican subrepticiamente en Catalunya o en España; y exijamos respeto para el periodismo que, si bien no es perfecto, es nuestra garantía de control social a quienes nos gobiernan.