Washington, DC. — En el año 2010, la Corte Suprema de Estados Unidos emitió una sentencia que cambiaría la política estadounidense. En el dictamen del caso conocido como Citizens United, los magistrados consideraron legal que las empresas privadas o corporaciones en el país hicieran ilimitadas donaciones de dinero a las campañas políticas (hasta entonces, estaban limitadas).
El argumento fundamental de los magistrados fue que limitar las donaciones suponía una violación a la primera Enmienda de la Constitución, la que defiende la libertad de expresión. Desde entonces, cientos… miles de empresas pueden destinar parte de sus recursos a financiar campañas políticas, ayudando a determinados candidatos a ganar las elecciones locales, estatales o federales. En otras palabras, esas empresas, hacen público su apoyo –destinando recursos– a la agenda política de determinados candidatos. Sigue leyendo