Washington D.C. – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ganó las elecciones, en gran medida, por su propuesta de deportaciones masiva. Prometió una política migratoria dura, de persecución, detención y expulsión como ningún presidente antes había comprometido, y lo está cumpliendo, aunque sea a un coste muy alto de consecuencias todavía por ver.
En las últimas semanas, la ciudad de Los Ángeles, la segunda más grande del país, se ha convertido en el escenario de la aplicación de esas políticas que han sido descritas como inhumanas e impropias de un país de migrantes como este. Los agendes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se están ensañando con los hispanos en una ciudad donde viven dos millones de ellos (el 47 por ciento de su población), y en un estado donde son 16 millones, casi el 40 por ciento de los habitantes de California. No es casualidad que sea en este estado donde se esté centrando el conflicto.
California en general y Los Ángeles en particular son territorios que protegen a los migrantes irregulares. Para muchos conservadores, California representa el caos de las políticas demócratas que están siendo ocupadas, dicen, por inmigrantes, y que están siendo destruidas por el crimen que les asocian. Por eso Trump saca partido de esta confrontación. Porque puede presentar lo que pasa en Los Ángeles como lo que producen ellos –es decir, en su narrativa: crimen y altercados– frente a lo que yo represento: ley y orden. Y a esa narrativa, Trump suma además su compromiso de deportaciones masivas.
Trump quiere deportar a un millón de inmigrantes para el final de su primer año en el cargo, una cifra que ningún presidente estadounidense moderno ha alcanzado nunca. Para lograrlo está dispuesto a todo, incluido forzar los límites de la ley (ya ha invocado leyes de tiempos de guerra, revocando visas sin fundamento o llamando a la Guardia Nacional contra manifestantes civiles). Lo que haga falta para lograr su objetivo, por absurdo y aparentemente imposible que parezca. NBC News calculó hace unas semanas que, entre febrero y abril, ICE deportó a unas 40.500 personas. A ese ritmo, el Instituto de Política Migratoria –en datos citados por Slate– estimó que Trump «solo deportaría a aproximadamente medio millón este año, cifra inferior a la máxima que el expresidente Joe Biden estableció en 2024». ¿Qué nos dirá entonces Trump cuando las cifras no le acompañen?
No se trata solo de la dificultad de expulsar a esa cantidad de inmigrantes. Se trata también del impacto de sus políticas. Tres ejemplos que leí esta semana en El Tiempo Latino con datos. El primero es la dependencia estructural que estos trabajadores indocumentados tienen en muchas industrias. Según el centro de estudios Pew Research, en 2022 cerca de 8,3 millones de estos trabajadores formaban parte de la fuerza laboral del país, representando el 4,8 % del total en Estados Unidos. Pero su presencia se concentra en sectores clave: «casi 1 de cada 5 trabajadores domésticos y cuidado de jardines; el 16 % de los trabajadores agrícolas y o de procesadoras de carne; el 14 % de la industria textil; y el 13 % de los trabajadores de la construcción eran inmigrantes sin papeles». ¿Se imaginan el impacto que tendrá en estas industriar una pérdida de este volumen de trabajadores?
El segundo es el impacto económico real. Investigadores del Peterson Institute estiman que una deportación masiva de indocumentados podría reducir el PIB de Estados Unidos hasta un 7,4 % por debajo del nivel proyectado para 2028. ¡Un 7,4 por ciento! Además, un estudio sobre el programa Secure Communities de la era Obama mostró que, por cada millón de deportaciones, se perdían 88.000 empleos para nacidos en el país al romperse cadenas productivas donde unos empleos dependen directamente de otros.
Y el último, el impacto de la gran contradicción: Trump prometió enfocarse en ciudades demócratas como Los Ángeles o Nueva York, pero los estados más expuestos económicamente a estas agresivas políticas de deportación son Texas, Florida y Nevada, que votaron por él en 2024. En Texas, más del 8 % de los trabajadores son indocumentados. Empresarios del sector agrícola y de la restauración ya están informado del impacto que tienen esas redadas: trabajadores que se ausentan y miedo en el personal que queda.
¿Hasta dónde está dispuesto a sacrificar Trump en su obsesión por deportar masivamente?
