Washington, DC. — Como en toda democracia, la división de poderes es fundamental. El legislativo, el ejecutivo y el judicial deben —como escribió el pensador francés Montesquieu— mantener su separación con la finalidad de garantizar el funcionamiento de un estado de derecho. También, como en todas las democracias, la competencia entre esos poderes es una realidad y por eso, existen mecanismos que —de acuerdo a los ordenamientos jurídicos de cada país y a la interpretación de sus leyes— permiten y amparan que los poderes tomen excepcionalmente el rol o papel del otro con el fin de avanzar un propósito. Es el caso, en Estados Unidos, de lo que se conoce como órdenes ejecutivas presidenciales, un poder que puede usar el Presidente frente a una disputa con el legislativo o un vacío legal. Si el Presidente va demasiado lejos en su decisión, la orden puede ser llevada ante la justicia y ésta puede acabar ante la Corte Suprema, que tiene la última palabra.

Las órdenes ejecutivas son extraordinarias y debería ser pocas. El mismo Trump, cuando se postuló para presidente en marzo de 2016, describió el uso frecuente de órdenes ejecutivas por parte de Obama como una prueba de su incapacidad —dijo— para trabajar con el Congreso. «Las firmaba como mantequilla», escribió entonces (en una traducción literal del inglés) para concluir que, si él era elegido presidente, acabaría en su mayoría con las órdenes ejecutivas.

Pues bien, quedan cinco meses para el final de este mandato y Trump está en camino de superar el número total de órdenes ejecutivas emitidas por Obama en el primer mandato del demócrata. Trump ha firmado hasta hoy 179 órdenes ejecutivas y, según el registro federal, Obama emitió 185 en sus primeros cuatro años.

Trump y la Casa Blanca se esfuerzan en presentar los casos como diferentes pero el fondo no cambia: el fondo es el uso de la autoridad ejecutiva del presidente llevada al límite en un año electoral por alguien que criticó a quien hizo lo mismo, prometió no hacerlo y ahora se excusa diciendo que lo hace pero que no es lo mismo… cuando el fondo sí lo es.

Lo que piden y esperan los ciudadanos (y lo que pensaron los padres fundadores de la nación) es que la Presidencia (es decir, el ejecutivo) y el Congreso (es decir, el legislativo) se hablen, negocien y se entiendan. Esa es la mejor manera de poner límites al abuso que, como decía Montesquieu, tiene todo hombre con poder hasta que le ponen límites.