Washington, DC. – El viernes conocimos el último despido de la Administración Trump: el del inspector general del Departamento de Estado, Steve Linick — la persona que dentro de la diplomacia estadounidense recoge las denuncias internas para evitar abusos de funcionarios en el ejercicio de su responsabilidad y garantizar el buen funcionamiento de la administración pública. Es una figura independiente.
La noticia del cese se conoció con cierta nocturnidad y estuvo justificada, según una carta enviada por el presidente Trump a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, por la perdida de confianza.

Linick estaba investigando, supuestamente, si el secretario Pompeo obligó a un miembro del personal del Departamento de Estado a pasear a su perro, recoger su ropa de la lavandería o hacer reservas en restaurantes para él y su esposa, según informa NBC News, que cita a dos fuentes del Congreso asignadas a diferentes comités. Linick también estaba investigando los intentos de Trump para vender armas a Arabia Saudita, según Eliot Engel, presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara. Además, diversos analistas apuntan también a una represalia porque Linick fue quien, en el juicio político a Trump, entregó al Congreso documentos de Rudy Giuliani, el abogado personal del presidente.

La función de los inspectores generales es fundamental para el funcionamiento del estado de derecho, y conociendo el trabajo de Linick es muy difícil no ver el despido como una represalia.

Los funcionarios del Departamento de Estado sirven a su país y normalmente son diplomáticos de carrera que durante décadas han contribuido al prestigio de una de las diplomacias más profesionales del mundo.

Que el Secretario de Estado o el Presidente pierdan la confianza de un inspector general no puede ser —por razón de su cargo— motivo suficiente para justificar el cese. La independencia del cargo —como la independencia de la Justicia— es el mejor aval para que esta figura fiscalizadora pueda hacer bien su trabajo.

Con este despido, y otros anteriores de figuras similares, la Administración Trump está poco a poco erosionando el equilibrio constitucional del poder en Estados Unidos.