Washington, DC. – El 22 de noviembre de 1963, el presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, fue asesinado a tiros en Dallas. En eso estamos de acuerdo. Más de 50 años después, todo lo demás sigue siendo motivo de especulación.

La Comisión Warren, creada por el gobierno para esclarecer lo sucedido, y muchos historiadores en las últimas décadas, coincidieron en concluir que Lee Harvey Oswald era la única persona responsable. Pero de nada sirvieron las conclusiones. Desde el principio, la gran mayoría de los estadounidenses han creído lo contrario. Según una reciente encuesta de la empresa Gallup, aún hoy alrededor del 60 por ciento de los estadounidenses creen que «otras personas estuvieron involucradas en la muerte» de Kennedy.

La semana pasada se hizo público el último paquete de documentos oficiales relacionados con el asesinato. Son 2.891 papeles entre los que los historiadores no esperan encontrar grandes respuestas. Antes, bajo la ley de 1992, ya se habían divulgado unos cinco millones de páginas que fueron escrutadas hasta el último punto y coma. Y quedan unos 300 por desclasificar, pendientes de revisión por parte de las agencias federales que se espera que se divulguen en los próximos 180 días.

Lo que han revelado hasta ahora esos nuevos documentos son anécdotas y detalles desconocidos que, si bien son curiosos, no aportan grandes revelaciones.

Uno de esos documentos, redactado en 1975 y titulado simplemente ‘Castro’, relata el debate del gobierno de Estados Unidos a principios de la década de 1960 sobre cómo derrocar a su régimen cubano. Entre las opciones consideradas —junto con la intervención militar o la obtención de ayuda de «elementos mafiosos»— se encontraba el borrador de la llamada Operación Bounty. El plan consistía en arrojar panfletos por toda Cuba desde un avión, para ser leídos por ciudadanos cubanos. Los folletos enumerarían las recompensas por matar a miembros de la burocracia castrista con pagos que iban desde dos centavos al millón de dólares.

Los dos centavos —que al cambio de hoy serían unos 0,16 dólares— era el precio a pagar para asesinar el líder de la revolución, un importe sorprendentemente bajo que, según un informe del Senado de 1975, buscaba «denigrar» a Fidel Castro.

En otros documentos explica la reacción de la Unión Soviética tras el magnicidio. Según el equipo del New York Times que se sumergió en los nuevos documentos, Moscú atribuyó el asesinato a un ‘golpe’ de la ‘ultraderecha’ del que se les haría responsables. O detalles de un viaje que Oswald hizo en autobús a México semanas antes del asesinato, con nombres de la gente que se sentó cerca del él o cómo iba vestido: «una camiseta deportiva de manga corta de color claro y sin abrigo».

La desclasificación de estos documentos hoy no es una coincidencia. Se produce —como recordaba un análisis de la revista Quartz el viernes— en un momento en el que la línea entre hechos reales y ‘alternativos’ es más delgada que nunca.

La Casa Blanca está hoy ocupada por un político que construye su narrativa sobre medias verdades, cuando no de mentiras que repite con insistencia hasta que se creen verdad por una parte nada despreciables de los estadounidenses. Durante la campaña electoral, el mismo Trump alimentó las especulaciones sobre una supuesta implicación del padre de Ted Cruz (rival en la contienda) en el asesinato.

Trump se enfrenta esta semana a las primeras acusaciones del fiscal especial Robert Mueller que investiga la trama rusa. Ha recibido fuertes críticas por primera vez de senadores de su partido y su popularidad continua siendo de las más bajas de la historia reciente para un presidente en los primeros meses de su mandato.

En un entorno tan hostil, y siendo él tan hábil en la construcción de realidades ‘alternativas’, esta revelaciones parecen más una cortina de humo para desviar la atención y que se hable menos de sus incapacidad presidencial.