Washington, DC. – El periodismo pasa por momentos difíciles. La crisis económica está lastrando las cuentas de los medios y los profesionales que siguen al pie del cañón son cada vez menos. Pero la crisis económica no es la única amenaza que acecha al periodismo de hoy. Algunas prácticas cada vez más comunes entorpecen el deseable y necesario trabajo que deben realizar los periodistas. Una de estas prácticas es la exigencia de las fuentes a revisar el contenido de las entrevistas antes de ser publicadas o, aún peor, a ocultar su nombre y cargo para acceder a una entrevista.

Las fuentes de información son una herramienta fundamental para los periodistas. Citarlas en un artículo es un requisito de calidad y un compromiso del periodista con la transparencia y con sus lectores. Pero es cada vez más habitual que éstas sean identificadas por la prensa con descripciones genéricas como “un alto funcionario” o “una fuente conocedora del asunto”.

Esta práctica está tan extendida que los grandes medios estadounidenses se han empezado a rebelar. El New York Times elevó recientemente el debate al ámbito nacional e internacional cuando publicó una información denunciando que «desde el Congreso hasta el Departamento del Tesoro han convertido en algo habitual conceder entrevistas sólo con la condición de aprobar [antes] los textos», un requisito que, según el Times, «exigen de manera rutinaria» tanto la campaña de Obama y su administración en la Casa Blanca, como la campaña de Mitt Romney. Si esto pasa en Estados Unidos, paradigma del periodismo independiente, imagínense ustedes lo que debe pasar en otras latitudes donde el periodismo no recibe el mismo reconocimiento ni respeto.

A principios de la década de los 90 trabajé para la Agencia Europa Press. Entre las muchas cosas que me tocó cubrir recuerdo con agrado la campaña electoral de las elecciones al Parlament de Catalunya de 1999. Yo formaba parte del grupo de periodistas que informábamos de las actividades del entonces —y aún hoy— líder de Unió Democrática de Catalunya, Josep Antoni Duran i Lleida. Uno de mis compañeros de caravana trabajaba para el periódico Avui, y recuerdo cómo en un área de servicio de autopista donde nos detuvimos a tomar un café camino de Lleida, mi compañero le mostró la página con el texto de su entrevista que se publicaría al día siguiente. «Aprobada; ningún comentario», le dijo el político tras leerla, bolígrafo en mano, mientras se la devolvía.

Alguien podría pensar que esto pasa sólo con periodistas sin experiencia o sin cargo, pero no. Antoni Coll, veterano profesional que dirigió con éxito Diari de Tarragona durante años, cuenta en su último libro de memorias Mis seis diarios que quien fuera President de Catalunya durante 23 años, Jordi Pujol, un día le «recibió ya con las respuestas escritas en un folio» y, a medida que le hacía las preguntas, le «decía de algunas que ‘no tocaba’» y de las que sí tocaban le «entregaba las respuestas en tiras de papel que recortaba con unas largas tijeras después de asegurarse de que el fotógrafo no captara la curiosa imagen».

Periodistas y políticos se necesitan mutuamente. La proximidad entre ellos granjea amistades que, sin criterio profesional, pueden poner en peligro el papel fundamental que los medios deben ejercer sobre el poder. Exigir determinadas prácticas por parte de las fuentes es vergonzoso e inaceptable. El periodista no puede aceptarlas aun a riesgo de dejar de informar. Como hizo recientemente el New York Times, las redacciones deben oponerse a ese chantaje y los colegios profesionales —como el Col•legi de Periodistes de Catalunya— deben apoyar a quienes denuncien esas prácticas y exigir que cesen de inmediato. Acostumbrarnos a lo contrario es poner en riesgo la esencia del periodismo y, por ende, debilitar la democracia.