Washington, DC. – Interesante sistema de evaluación al que se empieza a someter a profesores de escuelas estadounidenses. Conocido como Impact, el modelo ya está en funcionamiento en el Distrito de Columbia y mediante un sistema de seguimiento y “retroalimentación constructiva”, se quiere “crear una cultura (…) de lo que define la excelencia” en el trabajo de los maestros, a quienes se “apoya para que aumenten su eficacia”.

Leo hoy en el The New York Times que el año pasado fueron despedido 165 profesores del Distrito de Columbia que acoge la capital del país, y “el próximo mes, entre 200 y 600 de los 4.200 educadores de la ciudad se espera que reciban una mala noticia similar; la tasa de despido más alta del país por bajo rendimiento”.

Lógicamente, a nadie le gusta que lo evalúen, y menos si por bajo rendimiento puede perder su trabajo. Pasa a diario en la empresa privada, dónde quien contrata quiere a los mejores y más comprometidos para hacer crecer su negocio con responsabilidad social, por lo tanto exige de ellos resultados tangibles. Pero en el sector público nadie con responsabilidad de gobierno se ha atrevido hasta ahora a poner en práctica un modelo similar.

A muchos “maestros sindicalizados no les gusta” la idea, dice el The New York Times, pero habida cuenta del nivel educativo de las nuevas generaciones de estudiantes, el Impact “se ha convertido en un modelo para muchos educadores”. Al llegar a la Casa Blanca, Barack Obama priorizó la educación básica destinando 5.000 millones de dólares al programa Race to the Top mediante el cual estimula a los docentes y a las escuelas a mejorar con retribución e inversiones basadas en resultados.

Es cierto que cada escuela es un mundo y que no se puede medir a todas por igual. Las hay que por recibir estudiantes inmigrantes o de ambientes poco estables, deben hacer frente a otros problemas antes que al de las notas per se. Ahora bien, teniendo en cuenta esas diferencias, me parece muy atractiva la idea de evaluar al funcionario público —el docente en este ejemplo, pero sirva el caso para todo el conjunto— en base a criterios transparentes y exigentes, que incluyan un sistema de retribución variable basada en objetivos y la posibilidad real de perder su trabajo si no se es eficiente; eso transformaría radicalmente la función pública. Es cierto que hoy en España ya existen criterios similares para los funcionarios pero su aplicación es automática para los complementos salariales, e inexistente para los despidos. Sistemáticamente todo el mundo obtiene el bonus y antes que despedir, se tiende a reubicar “para evitar un problema con el sindicato”, me justificó un cargo medio de la administración catalana hace tiempo.

Impact es un paso valiente que se ha ganado tantos elogios como críticas. Por encima del debate sobre los criterios de evaluación me parece un gran paso que sin tapujos se contemple —¡y aplique! — el despido a un funcionario con bajo rendimiento. Lo triste es que en tiempos de crisis como los actuales, suena a excusa para reducir el número de trabajadores públicos; y en tiempos de bonanza… reubica que hay dinero. Y así nos va.