Barack Obama fue el primer presidente afroamericano de la historia de Estados Unidos; su figura trascendió al país tal vez como pocos mandatarios antes, al menos en la historia reciente; y su meteórico ascenso fue símbolo de un cambio generacional y racial en la política estadounidense. El centro pone precisamente ante los ojos de sus visitantes esa importancia histórica de Obama.

Estos proyectos presidenciales suelen ser el destino de documentos que marcaron parte de los años en los que sus presidentes ejercieron el poder. Eso permite no solo que los consulten ciudadanos curiosos sino también de historiadores o periodistas. Si bien todos sus documentos disponibles han sido adecuadamente revisados para ser públicos, eso no significa que se conozcan. El de Obama será la primera biblioteca presidencial completamente digital.

Pero, como decía antes, Obama no quiso simplemente un centro de documentos. El Obama Presidential Center va más allá de un simple archivo. Es un centro comunitario, un espacio cultural, un campus cívico y un motor de activismo y liderazgo juvenil. Así lo concibieron el exmandatario y su esposa, y eso lo distingue de los otros centros presidenciales del país.

Si bien se está convirtiendo ya en un atractivo turístico y cultural más para la ciudad de los vientos, el centro tiene también una enorme importancia simbólica local: está construido en una zona históricamente de población afroamericana y busca descentralizar instituciones culturales más allá del centro tradicional. El proyecto ha costado más de 700 millones de euros y su atractivo está revitalizando la zona, tanto que sus críticos creen que acabará desplazando a los locales porque subirá el coste de vida (alquileres, especulación y, al final, la pérdida del carácter comunitario del área).

Pero el valor más relevante del centro –y no sé si es coincidente o casual– es el mensaje político que proyecta en el contexto actual de Estados Unidos. La apertura ocurre en un momento de fuerte polarización política y cuestionamiento de instituciones democráticas, con Donald Trump en la presidencia impulsando políticas y adoptando decisiones de corte autoritario que reciben muy poca contención del Congreso –que parece haber renunciado a ejercer su rol constitucional para rendirse al mandatario–, y con las elecciones de media legislatura a tan solo seis meses.

Hoy muchos miran a esos comicios como una oportunidad para que la oposición recupere el control de la Cámara de Representantes y –aunque con menos opciones– el Senado, dada la baja popularidad de Trump (40 % según la última media de encuesta de RCP) y el comportamiento  tradicional de los votantes en estas citas electorales en las que suelen votar con intención de recordar al partido que tiene la Casa Blanca que Estados Unidos no quiere ni reyes ni emperadores. Es decir, para balancear el poder. Le pasó a Clinton, a Bush, a Obama… y, si hacemos caso a las encuestas, ahora el mensaje sería para Trump.

Es en este contexto en el que abre sus puertas a bombo y platillo el Obama Presidential Center. Y son precisamente esos valores que definieron su presidencia los que resuenan ahora. El centro está claramente diseñado alrededor de temas como participación cívica, democracia, inclusión, liderazgo comunitario o movilización social; y los valores de Trump y su Administración han sido otros desde que llegaron a la Casa Blanca. Por eso, el centro presidencial de Obama representa, en este momento, un monumento político, una declaración ideológica y una defensa de la visión más liberal y progresista asociada a quien fue el primer afroamericano en ser presidente de Estados Unidos.

El anuncio fue muy aplaudido por la comunidad cubanoamericana residente en el sur de Florida, un estado que fue clave para cualquier aspirante a presidente en las últimas décadas –lo ganó Clinton en 1996, Bush en sus dos presidencias y Obama en las siguientes–, pero desde 2016 se ha consolidado como un estado republicano. Aun así, Trump –que es residente fiscal en Florida– sabe que ese voto cubano hay que mantenerlo movilizado. La decisión reanimó la causa contra el régimen que tiene más de 65 años.

Paradójicamente, en La Habana, el anuncio fue utilizado por el régimen como una oportunidad de cambiar el foco de la actualidad y aprovecharlo para llamar a la unidad, apoyar a Raúl Castro y enfrentar lo que describen como una «narrativa fraudulenta para justificar la agresión reforzada contra el pueblo cubano» por parte del «imperialismo» estadounidense.

Cuba vive hoy una situación dramática. Según datos recogidos esta semana por el semanario The Economist, la crisis es muy profunda. La producción de alimentos se ha desplomado; el país importa aproximadamente el 70 % de sus alimentos. Los ingresos por turismo –la única gran actividad económica de la isla– están amenazados por la cautela de las empresas extrajeras en aceptar pedidos o invertir por el contexto que se vive. El país sufre apagones de 22 horas por su infraestructura deteriorada y la falta de diésel para las plantas eléctricas. La economía, según los expertos, podría contraerse este año un 15 %. Y la represión no cesa: Cuba tiene hoy un récord de 1.260 presos políticos. ¿Cómo suman los cargos contra Raúl Castro en el objetivo de democratizar la isla?

No hay duda de que Cuba para Estados Unidos es, como mínimo, un motivo de preocupación, sino –como lo describe Washington– un riesgo para su seguridad nacional. Es un Estado fallido, sus líderes han alimentado conexiones con rivales estadounidenses como China, Rusia o Irán, y la falta de oportunidades alimenta el flujo de migrantes hacia territorio norteamericano.

El secretario de Estado, Marco Rubio, anunció esta semana una ayuda de 100 millones de dólares para aliviar la crisis en la isla, pero la condiciona a que sea distribuida por organizaciones humanitarias y la Iglesia Católica. Cuba todavía no ha respondido formalmente. El régimen sabe que la revolución ha sido un fracaso, y que, a pesar de responsabilizar al bloqueo estadounidense, la gestión política de sus gobiernos no ha dado resultados. Muchos se preguntan a dónde van a parar los ingresos por turismo o remesas que la isla recibe anualmente.

Algo parece que podría cambiar en Cuba este año. La situación interna es insostenible y la presión externa ahoga. Pero cualquier cambio deberá llegar por acuerdo con el régimen (Cuba no tiene oposición organizada), un régimen atrapado en el dilema de aceptar –y admitir así su propio fracaso– o rechazarlo y arriesgarse a profundizar la crisis y el sufrimiento. ¿Cómo encajan los cargos contra Castro en el plan de Washington hacia esa transición, si es que lo tienen?

Los ciudadanos estadounidenses están acostumbrados a convivir en una sociedad donde los niveles de violencia son superiores a los de otras democracias occidentales. Su historia está marcada por asesinatos de presidentes y líderes civiles –como los de Abraham Lincoln en 1865, John F. Kennedy en 1963 o Martin Luther King Jr. en 1968–; por movimientos sociales como los protagonizados por el Ku Klux Klan, la represión de movimientos obreros o los disturbios raciales del siglo pasado; o, más recientemente, por acontecimientos como el asalto al Capitolio en 2021, los ataques contra figuras del partido Demócrata o los tres intentos de atentado contra Trump, incluyendo el del 25 de abril pasado. Esta historia normaliza, en cierta medida, la violencia como instrumento político.

Si bien una inmensa mayoría de estadounidenses es pacífica y contraria a la violencia como recurso para defender o imponer ideas, sí hay un porcentaje importante de ciudadanos que la justifica y que, según las últimas encuestas, se cuenta por millones.

En una reciente conversación con el New York Times, el profesor de Ciencia Política de la Universidad de Chicago Robert Pape –que lleva años estudiando el fenómeno– aseguró que hoy hay «decenas de millones de estadounidenses apoyan la violencia política», en lo que él describe como «la era del populismo violento». Según sus datos, desde la elección de Donald Trump en 2024, el porcentaje de estadounidenses que acepta la violencia política oscila entre el 14 y el 21 por ciento, «y se ha mantenido» en los últimos meses. Esto significa que, en la franja alta, uno de cada cinco ciudadanos apoya recurrir a la violencia; «y cuando hablamos de violencia política», explica Pape, «más de la mitad quieren decir asesinato».

No hay duda de que existen factores estructurales sobre los que se asienta esta aceptación. Como otras democracias liberales, Estados Unidos está inmersa en una profunda polarización ideológica en la que la brecha entre los partidos Demócrata y Republicano no es solo política sino identitaria. La gente ya no solo discrepa sobre políticas concretas, sino que percibe al otro bando como una amenaza existencial para el país. Y líderes políticos como Donald Trump, que describen a sus opositores como «enemigos del pueblo», «traidores» o amenazas para la democracia, están rebajando el umbral psicológico que lleva a algunas personas a considerar la violencia como una respuesta legítima.

La fragmentación de los medios de comunicación y las redes sociales no ayudan. Los medios optan por líneas editoriales cada vez más partidistas –contribuyendo a crear cámaras de eco–, y las redes amplifican la indignación con contenidos cada vez más extremos porque estos generan más interacción.

Además, un país donde hay más armas que personas contribuye a que los episodios de violencia –incluidos los de motivación política– tiendan a ser más letales que en otras democracias.

El profesor Pape apunta, además, a dos cambios sociales profundos que están transformando la sociedad estadounidense. El primero es la transición acelerada de una sociedad mayoritariamente blanca a una donde los blancos serán minoría, con la consiguiente pérdida del privilegio y de posición dominante de los que han gozado históricamente. El segundo es la acumulación de riqueza en manos del uno por ciento privilegiado, que la adquiere del 90 por ciento de la sociedad, sin importar la filiación ideológica de quienes la pierden o de quienes la ganan.

La frustración acumulada durante décadas por la desigualdad creciente alimenta el resentimiento hacia el sistema y hacia los grupos percibidos como privilegiados o enemigos. Y la violencia retroalimenta un ciclo de violencia, aumentando así los porcentajes de quienes la justifican. El futuro de Estados Unidos es sombrío.

En general, de una guerra es difícil pensar que se puede sacar partido. Vivimos en un mundo globalizado e hiperconectado, y cualquier conflicto genera un impacto más negativo –sobre todo por la incertidumbre de su desenlace– que positivo. Pero es cierto que Pekín puede estar viendo la guerra como un error estadounidense del que aprovecharse en esa pugna geopolítica que ambas potencias libran desde hace años. Según el semanario británico, el régimen chino cree que esta guerra en Oriente Medio es una muestra de decadencia estadounidense, no de fortaleza, en la que Washington está actuando impulsivamente, sin estrategia clara, lo que lo distrae de Asia Oriental, el terreno natural de influencia directa china y verdadero escenario del siglo XXI. De ahí que Xi haya optado por no intervenir y permanecer callado, siguiendo la lógica napoleónica.

Hay un cierto consenso de analistas internacionales que coinciden en afirmar que con esta guerra, Estados Unidos está perdiendo influencia global y que los tradicionales aliados de Washington –entre ellos, los países de la Unión Europea– están empezando a reconsiderar su dependencia de Washington. A esto se suma la estrategia de «Estados Unidos primero» (America first), el lema de campaña de Donald Trump que se ha traducido desde que volvió a la presidencia como una apuesta por el aislacionismo que le da la espalda a la cooperación multilateral que ha marcado gran parte de la geopolítica del mundo desde la segunda mitad del siglo pasado. Y aquí China se está presentando ante el mundo como un actor más confiable que Estados Unidos.

La guerra también ha validado la apuesta de Pekin, y particularmente de su presidente Xi Jinping, por la autosuficiencia energética y la tecnológica. Desde hace años, China está acumulando importantes reservas de petróleo para estar preparada frente a un escenario como el actual (en el que, por contra, Europa sufre ante la falta de previsión). La estrategia china se ha basado no solo en acumular, sino en la diversificación energética –con una clara apuesta por las energías verdes, alternativas a los combustibles fósiles–; por el dominio de tierras raras –fundamentales en la carrera tecnológica en la que estamos inmersos–; y por las nuevas tecnologías –entre ellas, la inteligencia artificial que requiere precisamente de esas tierras raras y de mucha energía–. China vuelva a tomar la delantera en esas áreas.

Y finalmente, Xi está viendo este conflicto como una oportunidad económica. Tras la destrucción vendrán jugosos contratos de reconstrucción en Oriente Medio, donde se espera una mayor demanda de tecnología verde china, en la que Pekín tendrá –por su silencio napoleónico prudente– una posición negociadora más favorable frente a un Trump debilitado en el escenario iraní.

Pero toda guerra genera incertidumbre, sobre todo en la economía global. China es una potencia que depende de que el mundo le siga comprando, por decirlo en palabras sencillas. Si la guerra se alarga, el coste de la energía sigue subiendo, la inflación en Occidente se dispara, y las principales economías del mundo Occidental –que son sus grandes compradores– entran en recesión, Pekín sabe que sufrirán con ellas. El daño a sus exportaciones sería catastrófico.

China, pues, juega estos meses a ganar, pero sobre todo a no perder. Xi habla poco, observa y espera con la paciencia del que sabe que el tiempo puede correr a su favor. Pero hay una paradoja que Pekín no puede ignorar: cuanto más se enreda Washington en este conflicto, más riesgo hay de que el daño también le acabe llegando a China, como a todos. En el siglo XXI, interrumpir al enemigo en su error ya no es solo una cuestión de estrategia; es también una cuestión de supervivencia compartida.

La relación de Trump con la OTAN siempre ha sido tensa, y desde su regreso a la presidencia en enero de 2025, ha estado marcada por tensiones, presiones y una retórica disruptiva. La más relevante, al margen del momento actual, giró en torno al gasto en defensa de sus miembros. En los últimos meses, Trump ha intensificado sus exigencias para que los países miembros aumenten su gasto en defensa al 5 por ciento de PIB, muy por encima del umbral que, en general estaba en el 2 por ciento. Su petición fue mayoritariamente aceptada por la alarma que generó su amenaza de no defender a los países que no cumplan, y –con la excepción más sonada de España–, el incremento fue una victoria para Trump, aunque el camino recorrido para lograrlo erosionó algo más valioso en esta relación multinacional de defensa: la confianza entre los países europeos y Estados Unidos.

Las dudas sobre el compromiso de Washington en la defensa de los miembros europeos de la OTAN no eran nuevas. El aparente acercamiento de Trump a Rusia y su posición sobre la guerra en Ucrania fue vista por muchos como un debilitamiento del frente común que con Biden no tenía fisuras. La postura de Trump de buscar una negociación rápida con Putin para terminar la guerra generó fricciones, ya que varios miembros de la Alianza consideran que un acuerdo apresurado podría ser favorable a Moscú. Y Europa sabe que dependiendo de cómo acabe esa guerra, la amenaza expansionista de Putin podría no terminar en Ucrania.

Trump parece no entender la importancia estratégica que la OTAN tiene para Estados Unidos. Él la ve como una alianza militar en la que Estados Unidos suma su poderoso ejército (con el inmenso gasto que esto conlleva) para defender a otros países; y cuestiona entonces, porqué Washington tiene que pagar. Pero olvida que la OTAN no solo es militar, sino que es también una alianza de intercambio de inteligencia, de lucha contra las nuevas amenazas del siglo XXI (como los ataques ciberterroristas) y, sobre todo, una alianza de socios confiables que comparten y defienden los mismos valores de sus democracias liberales; y que cuanto más sólida es la relación, más fuerte es Estados Unidos en su propia defensa.

Esto es precisamente lo que vieron los legisladores estadounidenses en 2024 cuando ambos partidos en el Congreso aprobaron una ley de defensa que, en su sección 1250A, obliga a cualquier presidente a tener la aprobación del Congreso para salirse de la OTAN. ¿Y saben quién fue uno de los dos abanderados de esa ley? El actual secretario de Estado, Marco Rubio, quien –como en muchas de las políticas con las que ahora tiene que lidiar– hace equilibrios para justificar a Trump sin parecer una veleta que cambia sus principios según cómo sopla el viento.

Trump sí puede debilitar la Alianza. Sin duda puede recortar presupuesto, retirar bases, o dejar de compartir información crítica hasta relegarla a papel mojado. Por eso, esta relación transaccional y de confrontación de Trump con la Alianza Atlántica, cuestionando sus fundamentos mientras presiona a los aliados económicamente, ha acelerado el debate europeo sobre su propia defensa e independencia estratégica. Europa busca ya alternativas. La esencia sobre la que se sustentaba la Alianza –la confianza– está erosionada, y la pregunta que se debe hacer el Viejo Continente ya no es si puede permitirse depender menos de Washington, sino si puede permitirse no hacerlo. Europa debe avanzar hacia su propia autonomía de defensa estratégica, reforzando la OTAN y contando con EEUU, pero sabiendo que Washington –con Trump–, puede que no acuda cuando se le requiera.

He escuchado estos días argumentos a favor de la decisión de atacar al régimen de los ayatolás destacando la amenaza que supone esta teocracia contra Israel, pero también contra los países occidentales, y por esa decisión dan crédito al mandatario estadounidense. Pero tras cuatro semanas de conflicto no se ve, de momento, una salida a la crisis cuyas consecuencias eran previsibles. ¿Tenía Trump un plan para esta guerra? Las declaraciones del secretario de Estado, Marco Rubio, –quien reconoció que Israel iba a atacar forzando al Pentágono a «estar preparados para actuar como resultado de ello»– indican más bien que se vieron arrastrados por la estrategia del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Y esta versión adquiere más relevancia cuando vemos dónde se están produciendo los ataques de ambos países y las declaraciones de sus líderes.

Nadie niega que Trump y Netanyahu son aliados y amigos, pero en esta guerra parecen tener intereses divergentes. Para Trump, la intención inicial era cambiar el régimen iraní, pero hoy ya vende la idea de que está debilitado (descabezar a sus dirigentes no significa haber cambiado el régimen) y quiere un acuerdo para terminar con la guerra. Como hizo en Venezuela: aprehendió a Nicolás Maduro y permitió la continuidad de la dictadura venezolana con una Delcy Rodríguez más afín a una relación de interés con Washington. A Netanyahu, por el contrario, no le vale debilitar al régimen; quiere aniquilarlo. Por eso, Estados Unidos ha bombardeado mayoritariamente centros de investigación nuclear, infraestructuras y unidades del ejército iraní; e Israel se ha centrado en los altos cargos del régimen, incluido al ayatolá Alí Jameneí

La propuesta ahora de Trump de volver a extender el periodo de gracia –por decirlo así– para negociar con Irán no es un amor súbito por la diplomacia del mandatario estadounidense; es más bien una muestra de su desesperación por encontrar una salida, y un reconocimiento de los límites que tiene hoy el poder militar.

Irán se había preparado para este escenario desde hacía tiempo. Ante un ataque a gran escala, sus líderes sabían que no iban a poder responder con sus capacidades militares. Por eso diseñaron planes que incluían asegurar la autonomía de sus unidades militares para mantener ataques estratégicos y cerrar del estrecho de Ormuz. Irán iba a responder infligiendo daño y miedo, y lo está logrando. Ormuz es un paso crucial para petróleo, gas y otros derivados. Cortando y amenazando a quien intente cruzarlo genera un impacto económico hoy con consecuencias a medio plazo. En un mundo globalizado y altamente dependiente del petróleo, conseguir la disrupción directa del 20 por ciento del petróleo global, un tercio del gas natural y de otros componentes impacta en el coste de la energía global que se acaba trasladando a los centros producción del sureste asiático, a la gasolina y a los alimentos, por citar solo algunos.

Trump sabe que, si no termina con esta guerra ya, el impacto inflacionario que viene lo va a consumir políticamente en las elecciones de mitad de mandato en noviembre; para él, como presidente, a quien le quedarían dos años en la Casa Blanca con un Congreso en contra; y para el partido Republicano, que le empezaría a cuestionar públicamente por sus decisiones (hoy, a pesar de algunas voces críticas, la mayoría de republicanos lo apoyan). Además, claro, de las críticas de socios y aliados que ya empiezan a pagar las consecuencias de una guerra que otros presidentes estadounidenses también pudieron comenzar (Irán ha sido una amenaza durante décadas) pero que ninguno se atrevió porque sabían que bombardear Irán era algo fácil, pero salir de esa guerra, no. Los hechos les están dando la razón y Trump es hoy un rey desnudo.

Pero la delegación estadounidense, de puertas adentro, desconfiaba de la buena voluntad iraní. O al menos eso es lo que nos contaron en las horas siguientes para justificar el ataque. Días más tarde, el secretario de Estado, Marco Rubio, explicó que tuvieron que atacar porque Israel ya había tomado la decisión y no tenían otra opción que la de acompañar a su aliado más importante en la región y para defender la veintena de instalaciones militares que Washington mantiene en Oriente Medio, de las cuales ocho son bases permanentes, repartidas en Arabia Saudí, Bahréin, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Irak, Israel, Jordania, Kuwait, Catar y Siria.

Las palabras de Rubio generaron preocupación porque daban a entender que Estados Unidos se vio arrastrado al conflicto por decisión del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. En otras palabras: Rubio no aclaraba si comenzar esta guerra era algo querido por Trump y sus asesores ni si la premura israelí había llevado a Washington a improvisar por no tener un plan.

Desde la primera bomba, nadie en Washington parece ponerse de acuerdo en dos cosas fundamentales que uno creería que son parte de las conversaciones internas previas a un ataque así: no hay claridad sobre el porqué de esta guerra, ni tampoco sobre cuánto durará. En una de sus primeras intervenciones, Donald Trump afirmó que podría durar «cuatro o cinco semanas».

Sin embargo, desde entonces, tanto el presidente como varios miembros de su administración han ido modificando sus declaraciones sobre los plazos previstos y los objetivos reales de la intervención militar, generando confusión sobre el rumbo del conflicto.

Funcionarios de la Casa Blanca han sugerido que el objetivo último de Washington era derrocar al régimen iraní y lograr su «rendición incondicional», lo cual abría la puerta a bombardeos continuos por el tiempo que fuera necesario para lograrlo. En otros momentos, en cambio, el propio Trump ha transmitido un mensaje radicalmente distinto: que la guerra ya había cumplido su propósito al desmantelar y destruir de manera decisiva la capacidad militar de Irán.

La falta de claridad, cuando no las contradicciones entre los distintos mensajes oficiales, deja más dudas que certezas, y más preocupación si cabe. No está claro si Washington buscará una salida negociada, esperará el colapso del régimen iraní o simplemente declarará la victoria una vez haya alcanzado algún umbral militar.

Todo mientras desde la administración Trump intentan tranquilizar a la opinión pública asegurando que Estados Unidos no se verá arrastrado hacia otra guerra larga y costosa como la de Irak (2003-2011) o la de Afganistán (2001-2021), un escenario que muchos analistas y cada vez más estadounidenses temen que ya sea inevitable.

De momento, el precio del crudo se ha disparado, el coste de la vida sube y el número de muertos aumenta —más entre los iraníes, pero igualmente preocupante entre los estadounidenses, porque esos muertos resuenan entre los votantes trumpistas que recuerdan que el mismo Trump prometió innumerables veces no llevar al país a nuevas guerras y priorizar «Estados Unidos primero»—.

No se trata únicamente de mensajes contradictorios o la falta de uno claro. Lo preocupante en esta guerra es la aparente ausencia de una estrategia clara y un plan comprensivo.

Mientras, la incertidumbre se extiende. Los mercados financieros tiemblan; los aliados no sólo desconfían, sino que lamentan verse involucrados; los adversarios —como China o Rusia— hacen sus cálculos para ver dónde ganan o hasta dónde se debilita Estados Unidos; y el mundo aguanta resignado la respiración esperando decisiones que parecen tomarse a golpe de trino de alguna red social.

No hay liderazgo. Hay improvisación a escala global y con consecuencias difíciles de predecir.

Hace unas semanas el periodista Toni Clapés, que dirige y presenta en RAC1 el exitoso programa Versió RAC1, me invitó a participar para explicar el escándalo. Clapés, en un momento de la conversación –y tras comparar el alcance de la indignación (y algunas dimisiones) vista en Europa– me preguntó por qué en Estados Unidos no ha habido dimisiones políticas, y comparó el momento actual con el vivido en los años 90 durante el escándalo de Monica Lewinsky cuando Bill Clinton abusó de su posición de poder como presidente para mantener una relación sexual inapropiada con esta becaria durante su mandato. Pero los momentos son distintos.

En los últimos años, Estados Unidos ha experimentado una creciente polarización, especialmente en el ámbito político, donde las diferencias ideológicas se han vuelto más rígidas y emocionales—debates subidos de tono como el de Bondi en el Congreso dan muestra de ello. Diversos factores han contribuido a este fenómeno: la fragmentación mediática, que permite a las personas consumir únicamente información alineada con sus creencias; el auge de las redes sociales, que amplifica discursos extremos y reduce los matices; y tensiones sociales y económicas que han profundizado la sensación de pertenecer a “bandos” opuestos. El resultado es un clima público de tensión con pocos precedentes en el que el desacuerdo se aborda con hostilidad, dificultando el diálogo y erosionando la confianza en las instituciones.

Además, esta polarización se produce en la era de la posverdad (que no tenía el mismo alcance en los 90), donde las emociones y las creencias personales suelen pesar más que los hechos verificables; y eso ha debilitado la confianza en los medios tradicionales que son los que informan sobre el caso Epstein cada vez que se publican nuevos documentos. La gente cree lo que ex ante creía. La circulación constante de desinformación en redes sociales, junto con la tendencia a buscar solo fuentes que confirmen lo que uno ya piensa, ha creado un entorno en el que la credibilidad periodística se cuestiona con facilidad. Como consecuencia, incluso informaciones bien fundamentadas en los papeles revelados del caso Epstein o investigaciones periodísticas independientes que van más allá son descartadas por sectores del público que ya no creen en el periodismo. Y, aun así, el caso no desaparece de la conversación pública. ¿Por qué? Porque la polarización lo mantiene vivo como arma arrojadiza contra “el otro”; y también porque no hay una única motivación mayoritaria detrás del caso, sino múltiples motivos que a cada grupo les genera su interés. Unos para atacar a Trump, otros para defender a las víctimas, otros para cuestionar al departamento de Justicia, otros para esclarecer supuestas conspiraciones internacionales de poderosos que creen que Bondi oculta… Es decir, no hay un único culpable al que señalar –al margen de Epstein, claro– pero a todos une la petición de más transparencia y que el caso no se olvide. Por eso, el caso no desaparece del debate público y Trump no logra que se olvide. Y al paso que vamos, parece que será uno los principales motivos (cada uno con el suyo propio) por los que los votantes van a decidir su voto en las elecciones de noviembre.

Sus palabras fueron recibidas con cierto alivio por los presentes y los gobiernos europeos tras cuatro años de una administración Trump que hizo alarde de su política exterior bajo la premisa del America first (Estados Unidos primero). Nadie podía imaginar que ese regreso de Biden sería un espejismo. La victoria de Trump cuatro años después demostró que Biden no solo estaba equivocado, sino que los temores de algunos mandatarios europeos sobre la confiabilidad futura de Washington era una realidad a la que simplemente le faltaba tiempo para evidenciarse.

En este primer año de su segunda presidencia, Donald Trump no ha perdido el tiempo poniendo en marcha sus políticas que, según él, priorizan a su país en múltiples frentes: el comercial –con aranceles masivos al mundo–, en el diplomático –criticando a gobiernos amigos y tratando con guante de seda a supuestamente rivales–, en seguridad nacional –reviviendo la doctrina Monroe con su versión militarizada del America for the Americans (el continente americano para los estadounidenses)–, en el migratorio –con detenciones violentas y deportaciones indiscriminadas–, en el militar –llevando a la alianza de la OTAN a momentos críticos que apuntan su final–, o en el territorial –sugiriendo incorporar a Canadá como un nuevo estado del país o anexionarse por las bravas Groenlandia–. Todo, con un equipo de asesores aparentemente incapaz de llevarle la contraria y un Congreso postrado a sus voluntades, por convicción o por miedo, inútil para asumir su rol constitucional y de contrapoder al Ejecutivo.

No me cuenten entre los que creen que Estados Unidos es o va camino de convertirse en una dictadura. No. Creo que quienes dicen eso o no saben qué es vivir en una dictadura o desconocen lo que pasa en este país. No niego que se están produciendo excesos, pero la institucionalidad de Estados Unidos es todavía suficientemente resistente y una gran mayoría de ciudadanos están, sin duda, profundamente comprometidos con las libertades democráticas; y ambas cosas serán el dique de contención que devolverán en pocos meses las aguas a su cauce democrático. En las elecciones de noviembre veremos una buena muestra de lo que les estoy diciendo. Dicho esto, sí creo que este último año de Trump, con su America first, ha confirmado ya algo que ninguno presidente que venga después va a poder recuperar fácilmente, al menos en una o dos generaciones: la confianza en Estados Unidos.

El orden global surgido de la Segunda Guerra Mundial y consolidado tras la caída del muro de Berlín ya no va a ser el mismo. No sé cuál será, pero la hegemonía norteamericana y la predictibilidad que guiaba las relaciones internacionales han cambiado. Washington ha renunciado a las normas de consenso que nos regían y a áreas de influencia en el mundo que había consolidado en las últimas décadas (y esta retirada la están aprovechando sus rivales, particularmente Rusia y China, para ocupar esos espacios). Además, los socios occidentales que se sabían aliados y protegidos por Estados Unidos hoy saben que no pueden confiar en esa relación con la misma tranquilidad con la que contaban hace tan solo unos años—por eso, buscan ya alternativas. Lo vemos estos días con Canadá, Alemania, Nueva Zelanda, Australia, Brasil, Corea del Sur o el bloque europeo en su conjunto. Sus líderes forjan acuerdos estratégicos con India, China o Vietnam para reducir su dependencia estadounidense ante la mirada del gobierno Trump. Y la respuesta del presidente estadounidense es la de amagar con nuevos aranceles, sin reparar que son precisamente los desplantes, las amenazas y esos aranceles los que están alentando esos movimientos de sus aliados.

Estados Unidos ya no es un socio confiable y predecible; y con su America first, Trump va camino de conseguir lo impensable: el America alone (Estados Unidos solo).

Es evidente la polarización que genera Venezuela en el debate público, particularmente –y sorprendentemente, o no…– en España. He leído con sorpresa comentarios de “expertos” que han intentado explicar el encuentro en términos peyorativos, humillantes o ninguneantes para la Nobel de Paz. Explican que si entró por tal puerta al recinto presidencial, que si no hubo foto, que si no estuvo en la Sala Oval… argumentos peregrinos que nacen de la trinchera ideológica de quien los formula, sin advertir que el mismo encuentro, per se, es todo un reconocimiento (sin mencionar que sí hubo foto, sí estuvieron ambos en la Sala Oval, almorzaron juntos, la reunión se alargó casi una hora más de lo previsto y al encuentro se unieron altos funcionarios como el vicepresidente J.D. Vance, el secretario de Estado, Marco Rubio, o la poderosa jefa de Gabinete de Trump, Susie Wiles). Sí fue un encuentro importante que, como digo, ambos querían y necesitaban.

Para María Corina, el encuentro con Trump fue una oportunidad para reivindicar su liderazgo en Venezuela. Ella es, sin duda, la líder de un movimiento que ha ilusionado a miles de ciudadanos como la figura que plantó cara a un régimen ilegítimo, brutal, corrupto e inhumano; que ha sido perseguida, asediada, amenazada, asaltada y cuyo entorno político ha sufrido las consecuencias de esa valentía; que, a pesar de haber sido inhabilitada injustamente, supo promover un candidato –Edmundo González– para concurrir a unas elecciones en circunstancias dificilísimas, humillando al régimen y demostrando que las ganaron. Sí, María Corina Machado reivindicó su liderazgo frente a Trump en ese encuentro como interlocutora a la que el presidente ha marginado ahora en sus planes para Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro. Ahí entra en juego la dedicatoria del Premio Nobel de Machado a Trump en esa reunión. Para agradecerle lo que considera una liberación del sátrapa de Maduro recurriendo a la polémica vía militar (María Corina Machado siempre ha sostenido que, como declaró a la BBC en 2019, «solo la amenaza inminente y severa del uso de la fuerza sacará a Maduro del poder», como así ha sido).

Pero Trump también tiene interés y necesita a María Corina, aunque no ahora. No la necesita ahora porque es evidente también que María Corina Machado no controla el país, ni el territorio, ni la logística, ni es garantía de que no haya violencia, y todo eso –en la fase en que nos encontramos–, pesa más que la legitimidad, los votos o el apoyo popular.

El secretario de Estado, Marco Rubio, resumió recientemente las tres fases de los planes estadounidenses para Venezuela. El primero está en curso: el control del caos. Una vez descabezado el régimen, Estados Unidos negocia con quien tiene las armas, con los que pueden desatar violencia y los que saben dónde están los problemas. Aquí entra Delcy Rodríguez, la vicepresidenta de Maduro y hoy presidenta encargada; no por gusto sino por necesidad. En la segunda fase, la del reacomodo del poder, comenzarían a entrar en lugares de decisión civiles, técnicos, actores necesarios para la reconstrucción del país que sean “aceptables” para las dos partes. En esta fase, Edmundo González y otros podrían tener un rol. ¿Y dónde queda María Corina? En la tercera fase, la de legitimación. Es el último estadio del proceso de transición donde deberán organizarse y garantizarse elecciones libres. María Corina Machado es parte de la narrativa democrática de esa fase.

Machado no está fuera del tablero. No es la carta para esta jugada, pero es una carta valiosa y necesaria para las siguientes. María Corina hoy no es parte directa de las conversaciones con el régimen, pero lo fue esta semana, al más alto nivel, con quien las mantiene. Su rol será el de legitimadora y posiblemente la figura que capitalice políticamente el futuro que vendrá para Venezuela, muy a pesar, seguramente, de los “expertos” acomodados en su trinchera ideológica.

No es la primera vez que un gobierno estadounidense estudia cómo adquirir la isla. Las últimas más conocidas las ha liderado Trump: en 2019 –durante su primera presidencia– y ahora en 2025; y lo argumenta públicamente por motivos estratégicos, económicos y geopolíticos.

Groenlandia tiene, sin duda, una ubicación estratégica entre América del Norte, Europa y el Ártico; es una ruta crítica en términos militares y económicos. Los Estados Unidos operan hoy en ese territorio la Base Espacial de Pituffik, que es fundamental para el sistema de alertas tempranas de misiles, vigilancia espacial y defensa del Ártico. Entre el continente europeo y el americano, Groenlandia se ubica en el punto para la detención de barcos y posibles submarinos rusos que zarpan del norte de Europa para adentrarse en el Atlántico. Además, por el norte, es más fácil contener a Rusia y China que están reforzando su presencia militar en el Ártico (China se definió como un «estado próximo al Ártico» en 2018).

Económicamente, el territorio también es crítico por dos motivos: sus recursos naturales y las nuevas rutas marítimas. Groenlandia tienen tierras raras, fundamentales para enfrentar la carrera tecnológica, para defensa y para la energía verde. Potencialmente tiene petróleo y gas, además de uranio. Trump quiere garantizar la sostenibilidad de la independencia energética de Estados Unidos y reducir la dependencia de EE. UU. de China en las tierras raras. Y es evidente también que, con el deshielo, el Ártico ofrece trayectos marítimos más cortos entre Asia, Europa y América del Norte, que son clave en un mundo globalizado e interdependiente.

Pero estos motivos militares o económicos no son insalvables para los intereses estadounidenses sin poseer el territorio. El hecho de que Groenlandia sea un territorio autónomo de Dinamarca –país aliado, miembro de la OTAN– posibilita a Washington buscar por la vía diplomática la cooperación o garantías para sus intereses (es risible, como mínimo, el argumento de Trump de que «no vamos a tener a Rusia ni a China como vecinos», cuando Alaska es, de hecho, un territorio estadounidense limítrofe con Rusia por el Oeste, y es en el mar de Bering donde estos dos rivales de Estados Unidos tienen, de hecho, una presencia militar que de verdad debería preocupar Trump). Y en temas comerciales o de minerales críticos, Estados Unidos –como tiene con otros muchos países– puede llegar a acuerdos ventajosos que beneficien a su país, a los groenlandeses y a Dinamarca.

¿Por qué, entonces, Trump aparentemente solo considera aceptable incorporar Groenlandia a Estados Unidos? Porqué Trump es, fundamentalmente un empresario inmobiliario que entiende que solo cuando uno posee una propiedad es cuando la cuida, y él encara este proceso con una mentalidad transaccional—como si fuera un negocio o una gran operación inmobiliaria a largo plazo. A esto, se suma el segundo motivo –tan personal como el primero– y que está relacionado con su imagen: anexionar Groenlandia le permitiría lanzar un potente mensaje político interno enmarcado en su nacionalismo asertivo que logra la expansión del poder estadounidense rompiendo con las formas diplomáticas tradicionales que tanto critica.

La pregunta es hasta donde está dispuesto a llegar Trump, más tras el éxito de su operación militar en Venezuela y su convicción de que puede hacer lo que le dé la gana. El peor escenario al que nos enfrentamos es una crisis diplomática mayúscula que haga implosionar a la OTAN y aleje aún más a Estados Unidos del proyecto europeo (haciendo, de nuevo, las delicias de Putin).

El historiador y vicepresidente ejecutivo del Instituto Berggruen, Nils Gilman, resumió este año en un artículo publicado en la revista Foreign Policy los «pilares normativos» sobre los que cristalizó esta nueva era en los años noventa del siglo pasado: las fronteras internacionales no debían redibujarse por la fuerza; el principio de soberanía nacional es inviolable, salvo en casos de violaciones contra los derechos humanos; la integración económica y financiera global a favor del libre comercio; y las disputas entre Estados debían zanjarse mediante negociaciones en instituciones multilaterales. Esos principios, cuestionados timoratamente desde el principio por países como Rusia o China, hoy están plenamente en riesgo, no sólo por el poder que estos dos países tienen hoy en la esfera global, sino por el mismo Estados Unidos que, hasta ahora, con su posición hegemónica, se había erigido en garante de ese orden liberal.

Las transiciones de eras, como decía, son lentas pero claras, y estamos ante una de ellas. Sabemos lo que se está perdiendo, pero no hacia donde vamos (aunque el contexto no augura nada bueno).

Decía Samuel Huntington en su ensayo sobre el «Choque de Civilizaciones» (1993) que los estados-nación dejarían de ser actores relevantes decisivos para ser las «civilizaciones» las que interactuarían –y se enfrentarían– con el devenir de los años. Gilman explica que Huntington definió un mundo «moldeado, en gran medida, por las interacciones entre siete u ocho grandes civilizaciones: la occidental, la confuciana, la japonesa, la islámica, la hindú, la eslavo-ortodoxa, la latinoamericana y, quizá también, la africana»; y que los conflictos «estallarían precisamente en esas líneas de falla culturales que separan unas civilizaciones de otras». Lo vemos hoy de manera evidente en las batallas de Estados Unidos (occidental) con China (confuciana) y Rusia (eslavo-ortodoxa); y también de Israel (occidental) con Palestina y el mundo islámico. No son solo conflictos culturales. Son choques que cuestionan las normas y en los que se impone (o lo intenta) el más fuerte.

Comprender al otro

Acabo de regresar del Foro de Doha, un espacio de encuentro que se celebra anualmente desde 2003 en la capital de Catar para promover el diálogo, reunir a líderes políticos y debatir los desafíos críticos que enfrenta el mundo. No es la primera vez que participo, pero en las cinco ocasiones que he asistido siempre me he sorprendo descubriendo voces y perspectivas diferentes a la narrativa occidental y que explican los mismos hechos. Desde el conflicto árabe-israelí, el pulso de Irán con Occidente, el rol que reivindica el mundo árabe, los motivos de Rusia para confrontar a Europa y Estados Unidos, o cómo ve China al mundo.

Sigo teniendo la convicción de que la democracia liberal y los principios que la inspiran son –cómo decía Winston Churchill – «la peor forma de gobierno, excepto por todas las demás que han sido probadas de vez en cuando», pero escuchar los argumentos del otro –sean voces de China, Rusia o Irán, por citar algunas– ayuda a comprender sus motivos, aunque puedo no estar de acuerdo, y a apelar a la humildad que tanto necesitamos en nuestra visión Occidental desde la que no siempre hemos hecho las cosas bien.

La escucha activa nos abre la mente y nos predispone a evitar el conflicto, el «choque», para apostar por la convivencia. Y eso nos lo muestran espacios como el Foro de Doha, que hoy se hacen más necesarios que nunca para evitar que le tengamos que dar la razón a Huntington, por el bien de todos.

La Navidad es una fiesta religiosa, aunque a tenor de las encuestas de sentimiento y práctica creyente, hoy para muchos tiene más de cultural que de fe, y a nadie se le puede imponer una creencia, como tampoco se le debe privar a nadie de la esencia en la que se enraíza la celebración. Lo digo por el afán que aparentemente tienen algunos –consciente o inconscientemente– de desnaturalizar (otros dirían laicizar) la celebración. No solo por lo absurdo de la decisión, sino porque estamos privando a las nuevas generaciones de comprender esta fiesta que tan interrelacionada está con nuestras raíces y nuestra cultura; y no hace falta ser ni practicante ni creyente para defender lo que digo.

Las fiestas de Navidad están relacionadas con el nacimiento del Niño Dios, con el pesebre, con los Reyes Magos. No nos es propio ni el Papa Noel, ni los elfos, ni los renos, ni los trineos… Ojo, que quien quiera ponerlos en su vida o como parte de su decoración navideña, que lo haga, pero tenemos que ser conscientes de que estos elementos son propios de otras tradiciones navideñas y no deberíamos permitir que desplazaran o, aún peor, sustituyeran a nuestros referentes de esta fiesta y en cómo la celebramos en nuestra cultura y tradición.

No me malinterpreten: estoy a favor de la libertad. Cada uno ha de poder escoger cómo y con qué decora su casa, su tienda o su comercio, pero esa elección ha de ser consciente, no por la inercia que impone la presión comercial, los productos audiovisuales anglosajones, o –aún peor– por una tolerancia mal entendida de algunos o la animadversión a lo religioso de otros, que amputa la esencia cultural que explica nuestra Navidad. Insisto en que a nadie se le debe imponer nada, pero tampoco debemos permitir que el buenismo malentendido acabe diluyendo lo que somos. No por religioso sino por cultural.

Sigo asombrado por la incoherencia de algunos ayuntamientos que optan –para no herir sentimientos, dicen, de quienes no practican o simplemente no comulgan con ninguna religión–por secularizar las fiestas: quitan el pesebre de las ciudades, eliminan imágenes del Nacimiento, promueven a Papa Noel por encima de los Reyes Magos, o sustituyen la estrella de Belén por una lluvia de estrellas que ilumina toda una avenida. Son estos mismos ayuntamientos los que, el 5 de enero, movilizan a voluntarios y policías locales para asegurar que las cabalgatas de sus majestades llegue hasta el consistorio donde sus alcaldes se dan un baño de masas recibiendo a los personajes y sus séquitos.

Nos guste o no, la historia que nos define hoy está imbricada en la religión, y sin conocer esa historia y los hechos o elementos religiosos que la definieron, no se puede entender ni quienes somos, ni de dónde venimos, ni el arte o las tradiciones que nos enriquecen como pueblo y como sociedad occidental.

¿Cómo entenderán las generaciones más jóvenes los pessebres vivents o Els Pastorets; Sant Esteve, Sant Silvestre o la Nit de Reis? Y ya no menciono la literatura, la pintura o la escultura plagada de infinitud de referentes religiosos. Esconder esos elementos, omitirlos o ignorarlos, erosiona nuestras raíces, nos empobrece culturalmente y priva a las nuevas generaciones –hoy menos religiosas que hace unas décadas– de una mejor comprensión de lo que somos y nos define.

No es pot negar que l’era Laporta ens ha donat grans alegries als barcelonistes. Són innegables els èxits esportius dels últims anys, pels que hem d’estar agraïts. Però la seva part de rauxa no pot tapar el desori de gestió que s’aprecia a molts racons del club: fitxatges que no arriben, comissions estranyes, incompliments de terminis…

Avui Laporta personalitza la institució i juga amb la idea que ell és el Barça i el Barça és ell, i aquest club centenari que tants estimem és més que el seu president. El Barça ha estat sempre un club plural i intergeneracional de socis i aficionats de diversos orígens i condició. Malauradament, avui el club està enfrontat amb molts dels col·lectius organitzats que integren aquesta base plural: des de la grada d’animació (potser perquè van cridar “Barça sí, Laporta no”), passant per les penyes o qualsevol que posi en dubte la línia oficial del Club. El Barça és més fort quan la seva pluralitat suma i empeny en la mateixa direcció, i per això cal tenir-la en compte. ¿Com pot ser que el nou Camp Nou reservi la meitat del seu aforament a turistes i deixi l’altra meitat a socis, els veritables propietaris del club?

Aquest personalisme que avui exerceix Joan Laporta, ¿és també l’origen de les improvisacions i contradiccions –¿enganys?– dels últims anys? Quin millor exemple d’això que dic que el sainet que hem viscut sobre el retorn al Camp Nou, les explicacions poc convincents amb els comptes del club o les inacceptables comissions a intermediaris que s’han conegut. La transparència s’ha esvaït, el Club no pot fitxar o inscriure els jugadors que vol i té un deute reconegut de 2.500 milions i unes pèrdues acumulades de 230 milions. Els comptes reclamen una nova gestió professional que garanteix el model, allunyi el fantasma de la societat anònima i torni a posar al soci al centre i el futbol i la resta de seccions al cor del projecte.

No podem ignorar que el futbol masculí és la gran secció del Club, i que els èxits de la seva secció femenina estan obrint nous espais d’il·lusió, però el Barça és un club poliesportiu on el bàsquet, l’handbol, l’hoquei o el futbol sala mereixen més l’atenció i menys retallades. El futur nou Palau, per exemple, genera més dubtes que certeses i no és clar que es pugui fer amb els 1.500 milions que es van obtenir per finançar l’Espai Barça atesos els sobrecostos que estan apareixent. ¿Improvisació un altre cop?

Alguns dels èxits esportius de les darreres temporades han pogut fer oblidar temporalment aquesta preocupació per la deriva en la gestió del club, però cada cop més socis en són conscients, potser perquè tothom sap que la falta de solvència econòmica posa en perill els resultats esportius. Des de fa temps, personalitats i col·lectius barcelonistes s’estan trobant per la coincidència de creure que cal actualitzar el Barça i tornar als orígens; i d’entre tots ells, la proposta de nou moviment transversal –amb personalitats com Jaume Guardiola, l’associació Sí al Futur de Víctor Font o el col·lectiu Suma Barça, entre d’altres– és la més solvent.

Font és un barcelonista de pedra picada que no només viu el Barça amb passió sinó que la balanceja amb un estil assenyat que acompanya amb dades i números. Seny i rauxa. Es va presentar a les eleccions del 2021, i és evident la seva evolució d’aquell candidat amateur del primer cop. Laporta el va voler desqualificar un dia retraient-li que representava un lideratge de PowerPoint, sense adonar-se que el retret era, en el fons, un elogi a la solidesa del seu projecte alternatiu a l’actual gestió desendreçada del club.

A Joan Laporta li hem d’agrair moltes coses. Avui, el millor servei que pot oferir al Barça és acabar el seu mandat i donar pas a un nou equip. Ho pot fer ell amb generositat o el soci amb el seu vot.

No sé si lo anterior tiene o no relación, pero de un tiempo a esta parte también suelo fijarme en la práctica del agradecer cuando recibimos de quienes nos rodean o con quienes nos cruzamos en el día a día. De si se piden las cosas por favor y, al recibirlas, se dan las gracias.

“¡Un cortado!”, escuché la última vez que estuve en Tarragona de un cliente que entró a un bar sin mediar antes palabra. “¿Tiene azúcar?”, fue la respuesta que le dio al camarero cuando se lo sirvió en la barra. Ni un “hola”, ni un “por favor”, ni un “gracias”. ¿Tan difícil era añadir alguna de esas palabras en su comunicación?

Hagan el ejercicio de fijarse allí donde vayan y se darán cuenta de cómo, esas buenas prácticas se están perdiendo sin darnos cuenta. Ya no echamos de menos saludar cuando entramos a un lugar, o la educación cuando pedimos las cosas. Y lo que es más preocupante es que a algunos les parecen modas pasadas o antiguas, propias de otra generación.

En todos los países a los que he viajado en América Latina, entrar en un ascensor es sinónimo de saludar con un “buenos días”. Da igual si conocemos a los que están. El saludo es parte de la acción de subirse al ascensor. En algunos, la práctica incluye un “¡permiso!”, cuando llegan a su planta y se bajan. Es cierto que pocos responden, pero eso no es óbice para que no saluden. Es algo sencillo, extendido y esperado. Es una interacción muy básica de la sociedad en la que convivimos. Pero aun siendo básica, la estamos perdiendo.

En el gimnasio que frecuento en Washington hay una señora hispana que trabaja limpiando las instalaciones. Siempre va de un lado para otro con alguna misión. Fregar debajo de la zona de pesas, limpiar los espejos en los que la vanidad de los socios se ve reflejada, pasar un trapo limpio por la fuente de la que todos bebemos o rellenamos nuestras botellas, o secar las máquinas de ejercicio en las pausas de uso de quienes se ejercitan con ellas para no perder el buen cuerpo al que todos deberíamos aspirar (fundamentalmente por salud, claro). ¿Saben cuántas personas la saludan o le agradecen su trabajo? Ninguna. Cero. Y lo digo porque desde hace dos meses –cuando yo descubrí que la ignoraba como el resto– decidí empezar a saludarla y agradecerle su trabajo. Con los días, interactuamos más y nos contamos algo de nuestra vida. Ella fue la primera sorprendida de mis saludos porque ha naturalizado que es invisible para la mayoría de socios del gimnasio a pesar de trabajar ocho horas cada día y cruzarse a diario con los mismos. Ella es la que se asegura de que todos ellos tengan las instalaciones limpias, y nadie la ve. Ahora, cuando nos cruzamos, es ella la que me saluda con una sonrisa.

Saludar o agradecer va más allá de unas simples palabras. No solo fomenta un estado mental más positivo, sino que mejora nuestra vida y la de los demás; reduce nuestro estrés, nuestra ansiedad, y aumenta nuestro bienestar general y el de quienes están a nuestro alrededor.

Recuerdo cuando era pequeño que una y mil veces mis padres que repetían aquello de “¿cómo se pide?”. Esa frase era el indicador de que había olvidado el “por favor”. Y cuando escuchaba el “¿y qué se dice?” es que me faltaba un “buenos días” o un “gracias”. Ahí se empieza a aprender. Ahí se siembra la semilla de la cortesía y la buena educación que, de manera generalizada, nos beneficia a todos al hacer un sociedad más amable y humana. Perder esas buenas costumbres nos puede pasar a todos, más en este mundo individualista en el que vivimos, pero la buena noticia es que recuperarlas está al alcance de cada uno de nosotros si nos lo proponemos. Los beneficios de saludar o ser corteses superan con creces a los perjuicios. Hagan la prueba y verán como la vida les sonríe, nos quejamos menos y hacemos así más amable nuestro día a día y el de quienes se cruzan en nuestras vidas.

En las últimas semanas, la ciudad de Los Ángeles, la segunda más grande del país, se ha convertido en el escenario de la aplicación de esas políticas que han sido descritas como inhumanas e impropias de un país de migrantes como este. Los agendes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se están ensañando con los hispanos en una ciudad donde viven dos millones de ellos (el 47 por ciento de su población), y en un estado donde son 16 millones, casi el 40 por ciento de los habitantes de California. No es casualidad que sea en este estado donde se esté centrando el conflicto.

California en general y Los Ángeles en particular son territorios que protegen a los migrantes irregulares. Para muchos conservadores, California representa el caos de las políticas demócratas que están siendo ocupadas, dicen, por inmigrantes, y que están siendo destruidas por el crimen que les asocian. Por eso Trump saca partido de esta confrontación. Porque puede presentar lo que pasa en Los Ángeles como lo que producen ellos –es decir, en su narrativa: crimen y altercados– frente a lo que yo represento: ley y orden. Y a esa narrativa, Trump suma además su compromiso de deportaciones masivas.

Trump quiere deportar a un millón de inmigrantes para el final de su primer año en el cargo, una cifra que ningún presidente estadounidense moderno ha alcanzado nunca. Para lograrlo está dispuesto a todo, incluido forzar los límites de la ley (ya ha invocado leyes de tiempos de guerra, revocando visas sin fundamento o llamando a la Guardia Nacional contra manifestantes civiles). Lo que haga falta para lograr su objetivo, por absurdo y aparentemente imposible que parezca. NBC News calculó hace unas semanas que, entre febrero y abril, ICE deportó a unas 40.500 personas. A ese ritmo, el Instituto de Política Migratoria –en datos citados por Slate– estimó que Trump «solo deportaría a aproximadamente medio millón este año, cifra inferior a la máxima que el expresidente Joe Biden estableció en 2024». ¿Qué nos dirá entonces Trump cuando las cifras no le acompañen?

No se trata solo de la dificultad de expulsar a esa cantidad de inmigrantes. Se trata también del impacto de sus políticas. Tres ejemplos que leí esta semana en El Tiempo Latino con datos. El primero es la dependencia estructural que estos trabajadores indocumentados tienen en muchas industrias. Según el centro de estudios Pew Research, en 2022 cerca de 8,3 millones de estos trabajadores formaban parte de la fuerza laboral del país, representando el 4,8 % del total en Estados Unidos. Pero su presencia se concentra en sectores clave: «casi 1 de cada 5 trabajadores domésticos y cuidado de jardines; el 16 % de los trabajadores agrícolas y o de procesadoras de carne; el 14 % de la industria textil; y el 13 % de los trabajadores de la construcción eran inmigrantes sin papeles». ¿Se imaginan el impacto que tendrá en estas industriar una pérdida de este volumen de trabajadores?

El segundo es el impacto económico real. Investigadores del Peterson Institute estiman que una deportación masiva de indocumentados podría reducir el PIB de Estados Unidos hasta un 7,4 % por debajo del nivel proyectado para 2028. ¡Un 7,4 por ciento! Además, un estudio sobre el programa Secure Communities de la era Obama mostró que, por cada millón de deportaciones, se perdían 88.000 empleos para nacidos en el país al romperse cadenas productivas donde unos empleos dependen directamente de otros.

Y el último, el impacto de la gran contradicción: Trump prometió enfocarse en ciudades demócratas como Los Ángeles o Nueva York, pero los estados más expuestos económicamente a estas agresivas políticas de deportación son Texas, Florida y Nevada, que votaron por él en 2024. En Texas, más del 8 % de los trabajadores son indocumentados. Empresarios del sector agrícola y de la restauración ya están informado del impacto que tienen esas redadas: trabajadores que se ausentan y miedo en el personal que queda.

¿Hasta dónde está dispuesto a sacrificar Trump en su obsesión por deportar masivamente?